España aún no aplica la norma europea que exime de IVA a autónomos con ingresos inferiores a 85.000 €. Descubre cómo te afecta.
Bruselas advierte al Gobierno por el retraso en la transposición de la Directiva 2020/285, que debía entrar en vigor el 1 de enero de 2025
España continúa sin adaptar la normativa europea que permitiría a los autónomos y pequeñas empresas con ingresos anuales inferiores a 85.000 euros quedar exentos del IVA. Esta medida, contemplada en la Directiva 2020/285 de la Unión Europea, busca simplificar las obligaciones fiscales de los profesionales con menos recursos y reducir la carga administrativa.
Según los datos de la Agencia Tributaria, alrededor de 2,5 millones de autónomos y pymes se sitúan por debajo de ese umbral, y unas 500.000 personas podrían acogerse a la exención. El nuevo régimen permitiría emitir facturas sin IVA —ni cobrarlo, ni pagarlo, ni deducirlo—, lo que eliminaría la necesidad de presentar las declaraciones trimestrales y el resumen anual del impuesto.
La Comisión Europea ha enviado ya un requerimiento formal a España, así como a Bulgaria, Grecia y Rumanía, por no haber cumplido el plazo de aplicación. Este paso constituye el inicio de un posible procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la UE, que podría derivar en sanciones económicas si el país no corrige el incumplimiento.
Desde el Ministerio de Hacienda aseguran que su intención es adaptar la norma antes de que finalice 2025, aunque no garantizan que el límite sea exactamente de 85.000 euros. La directiva europea permite fijar umbrales inferiores, y países como Alemania, Portugal o Finlandia ya han optado por cantidades más bajas.
El departamento que dirige María Jesús Montero advierte además de los riesgos de fraude que podría generar esta medida, como la división artificial de actividades para mantenerse dentro del límite de exención.
La reforma del IVA para autónomos forma parte de una revisión más amplia del sistema fiscal, pendiente desde hace años, que también debe abordar la continuidad del régimen de módulos. Este asunto ha generado tensiones en sectores como el del taxi o el transporte, donde se han mantenido los módulos desde 2016 para evitar protestas.
Mientras tanto, los autónomos deberán prepararse para otro cambio relevante: la facturación electrónica obligatoria. A partir del 1 de enero de 2026 será obligatoria para las sociedades, y desde el 1 de julio del mismo año para todos los profesionales. Las facturas deberán emitirse a través de la plataforma oficial Verifactu, conectada directamente con la Agencia Tributaria.
La Directiva 2020/285 tiene como objetivo facilitar la actividad de los pequeños contribuyentes, especialmente aquellos con ingresos irregulares o una estructura mínima, como diseñadores, abogados o traductores. Por ahora, sin embargo, España sigue fuera de plazo, y los autónomos deberán esperar para conocer cuándo y cómo se aplicará finalmente esta esperada simplificación fiscal.
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